Javier Bilbao
La larga y aciaga historia de la lucha contra el terrorismo en España ha estado protagonizada por las fuerzas policiales —con el impagable sacrificio humano que eso les supuso—, pero también por un continuo y a menudo exasperante batallar en la esfera pública en torno a la definición del mismo, de sus límites y aledaños, de sus cómplices más o menos encubiertos, de sus orígenes ideológicos/culturales y de sus fines políticos. Mientras unos buscaban discernir qué discursos lo amparaban, quienes resultaban ser sus beneficiarios y cómo podía atajarse todo ello, otros pusieron verdadero empeño en crear confusión y embarrar todo debate, a veces por mera necedad, otras para poder seguir recogiendo nueces. Se discutió largamente qué tratamiento mediático debía darse al terrorismo, desde el suelto de página por el que discretamente se colaban los muertos en los Años de Plomo hasta el acaparamiento de las portadas por cada atentado que caracterizó a los 90, mientras que en el ámbito político causa cierto asombro, visto retrospectivamente, que se tardara 25 años en ilegalizar el apéndice institucional de todo el entramado etarra. Pero así estaban las cosas y, aunque con desesperante lentitud, titubeos y cautelas, hubo una progresiva toma de conciencia por parte de la sociedad española frente a la violencia de raíz separatista.
Esa reacción dio sus frutos y, sin embargo, fue saboteada ante los ojos de todos a comienzos de este siglo sin que muchos llegaran a ser conscientes del engaño al que estaban asistiendo, como si de un gran espectáculo de David Copperfield se tratara. Nos referimos a la gradual e inexorable sustitución de ETA como enemigo público número uno por la llamada «violencia de género», del combate de las instituciones hacia el terrorismo que azotó al país durante décadas por aquello que algunos empezaron a denominar sin el menor fundamento «terrorismo machista». Así, la atención mediática, las concentraciones ante los ayuntamientos, las declaraciones de condena, los minutos de silencio, los lemas de «¡Basta ya!» y las manos blancas se reorientaron hacia otra causa completamente distinta, aprovechando el molde de símbolos, rituales y estados anímicos creado previamente en la conciencia colectiva, pero ahora no para reafirmar el compromiso de la nación por su unidad y continuidad, sino para inyectar doctrina feminista hasta hacer de ella una nueva religión de Estado. Y todo este amaño lo realizó el PSOE ante la mirada abúlica del PP, veamos cómo.
Rastreando en internet podemos encontrar por primera vez el uso de la expresión «terrorismo machista» en un texto feminista de 1999, luego recogido en 2001 en un documento de la delegación regional de UGT en La Rioja y ese mismo año por el ex delegado de Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, en su libro Mi marido me pega lo normal. El año siguiente la escritora Luisa Etxenike emplea en este artículo un término muy similar, «terrorismo doméstico». Pero estas alusiones esporádicas, marginales, son sucedidas a partir de 2004 por todo un tsunami político-mediático. Llegado Zapatero al poder, sus planes respecto a ETA como ahora ya sabemos eran otros y, de forma simultánea, saca adelante la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra a la Violencia de Género. El PSOE encontraba en el ideario feminista un nuevo continente por explorar y desde entonces, además de una miríada de asociaciones vinculadas, son los propios dirigentes socialistas quienes empiezan a generalizar su uso. Así, tenemos en noviembre de 2009 una campaña de las Juventudes Socialistas titulada «Maltratar a una mujer es terrorismo machista», mientras que apenas una semana después, el por entonces Lehendakari Patxi López hablaba en un acto público de implicar a la sociedad en «la lucha contra el terrorismo machista». Es revelador que el primer alto cargo socialista en dar un significado radicalmente distinto a la palabra «terrorismo» fuera en esta comunidad autónoma, ahí se aprecia con toda claridad el cambio de guion. Unos meses después, el ahora pendiente de entrar en prisión por el mayor caso de corrupción de la historia de España, José Antonio Griñán, hablaba del maltrato como «una forma de terrorismo» y ya en 2014 vemos al candidato socialista Pedro Sánchez hacer esta solemne promesa: «Cuando sea Presidente promoveré que las víctimas del terrorismo machista sean reconocidas con funerales de Estado, como las del terrorismo». La plena continuidad entre Zapatero y Sánchez quedaba así establecida (aunque ahora algunos quieran ver al último como un meteorito caído en el partido, «el sanchismo»).
Desde entonces otros muchos dirigentes políticos incidieron en lo mismo desde, naturalmente, el propio Zapatero, hasta los de otros partidos, como Errejón o Irene Montero. La subordinada de esta última, Ángela Rodriguez Pam, reclamaba hace un par de semanas que «las víctimas de violencia machista se equiparen a las del terrorismo». Por su parte, los periodistas tampoco han faltado a su cita, desde Ferreras en La Sexta hasta, esta misma semana, Angels Barceló en la Cadena Ser. Hemos tenido la fortuna incluso de contar con mentes sapientísimas que nos explican cómo «las razones de la despoblación rural y de la corrupción son las mismas que las de terrorismo machista».
Ahora bien, ¿tiene sentido usar el vocablo «terrorismo» para aludir al maltrato o asesinato de la pareja, lo que antes era conocido como uxoricidio?
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