Rumba alrededor de un jamón
Ignacio Ruiz Quintano
Abc
Madrid es una rumba catalana alrededor de un jamón: el 155.
Este hervidero de abogados en que Cataluña ha convertido Madrid es lo que los tertulianos llaman “Estado de Derecho”, tautología que sienta al español como al Cristo unas pistolas.
En España la justicia “emana del pueblo” (?), pero el pueblo, a pesar de los siglos de dominación romana, es lego, y aquí entran los partidos con sus abogados… del Estado: Rajoy, Sánchez y Rivera, en el caso del 155, un artículo cuya mala redacción hace de él una rueda de hámster, pues autoriza a dar a Puigdemont instrucciones que Puigdemont no quiere recibir.
Sentados, pues, alrededor del jamón del 155, y con la hermenéutica de Emilio Betti que les prestó María Soraya de su mesilla de noche, los tres estadistas interpretaron que “dar instrucciones” podía significar “destituir gobiernos”, cosa que gustaría a Sánchez, o “disolver parlamentos”, cosa que gustaría a Rivera. En la duda, Rajoy consultaría las actas de la controversia jurídica Schmitt-Kelsen sobre la suspensión de la autonomía prusiana por el artículo 48 de la Constitución de Weimar, se haría un lío y decidió dar la razón a sus socios, aplicando un “estado de excepción” que, miren por dónde, no tiene regla, pues se sabe cuándo empezó, pero no cuándo terminará.
Sentados, pues, alrededor del jamón del 155, y con la hermenéutica de Emilio Betti que les prestó María Soraya de su mesilla de noche, los tres estadistas interpretaron que “dar instrucciones” podía significar “destituir gobiernos”, cosa que gustaría a Sánchez, o “disolver parlamentos”, cosa que gustaría a Rivera. En la duda, Rajoy consultaría las actas de la controversia jurídica Schmitt-Kelsen sobre la suspensión de la autonomía prusiana por el artículo 48 de la Constitución de Weimar, se haría un lío y decidió dar la razón a sus socios, aplicando un “estado de excepción” que, miren por dónde, no tiene regla, pues se sabe cuándo empezó, pero no cuándo terminará.
–Cuando Puigdemont cumpla ley –suele contestar Rajoy, si se le pregunta.
Pero eso es como si la policía, en vez de atenerse a las 72 horas que marca el reglamento, contestara que no soltará al arrestado “hasta que cante”.
Teóricamente, disolver un parlamento sería castigar a un pueblo por delitos cometidos por unos individuos, y resulta que en una región que presume de “cultura de autogobierno” no se ha visto una sola protesta popular ante el birlibirloque de la disolución, lo cual nos da una idea de la idea que el pueblo y los jefes de los partidos tienen del sistema de representación, que no representa (y lo peor: que no importa) a nadie.
Así que seguimos bailando la rumba y cortando el jamón.
