El ingente consumo registrado en una tarjeta de telefonía móvil municipal desde un duplicado que obraba en poder del concejal de Nuevas Tecnologías, suspendido cautelarmente de sus responsabilidades en las áreas investigadas, arraiga el 14 de octubre de 2010. Fue entonces cuando la propia compañía suministradora del servicio alertó a los servicios técnicos de que la factura correspondiente a la telefonía móvil municipal por el periodo que va desde medidos de abril hasta medidos de mayo de aquel año estaba registrando consumos superiores a los 200 gigas de datos y que la traducción era una cuenta que superaba los 100.000 euros. Eso, a su vez, era consecuencia de que desde una sola tarjeta se había hecho un consumo por valor de 207.000 euros (posteriormente se aplicaron los descuentos al conjunto y de ahí resultó la de 128.000, que fue la que se envió para ser cobrada).