Ignacio Ruiz Quintano
Abc
A Rivera lo han retratado en Twitter clavando en La Moncloa las seis condiciones del pasteleo como si fueran las tesis de Lutero en Wittenberg.
Rivera no sabrá de Lutero ni por el truño que escribió Benet, y hay que decirle que “el caballero de Sajonia” ha tenido su importancia en la historia de la Iglesia. Gabriel Naudé culpó de ello al césar Carlos, quien, sólo por intereses personales, dejó crecer al fraile, cuando podía haberle cortado las alas con un simple soborno.
Como Lutero, Rivera quiere ahora acabar con los aforados de la partidocracia, cuestión que nadie ha tocado mejor que Tocqueville (en política, háganse ustedes el favor de no leer a contemporáneos nuestros) en su crónica del Antiguo Régimen.
–Entre las nueve o diez constituciones promulgadas a perpetuidad en los últimos sesenta años –escribe en 1856– hay una en que se dice expresamente que ningún agente de la administración podrá ser perseguido por los tribunales ordinarios, sin que previamente haya sido autorizado el procesamiento.
Y, con sorna, refiere que tan excelente pareció este artículo que al destruir la constitución de que formaba parte se tuvo buen cuidado de sacarlo de entre sus ruinas y ponerlo después al abrigo de revoluciones (incluida, ay, la “centrista” de Ciudadanos).
–Los agentes de la administración aún tienen la costumbre de llamar al privilegio que este artículo les concede “una de las grandes conquistas del 89”.
Con su gustosa distinción “un poco pasada de moda”, Tocqueville descubre la falacia que esconde ese mantra, pues en la monarquía absoluta el gobierno no ponía menor cuidado que hoy en evitar a los funcionarios el bochorno de tener que confesarse ante la justicia, como simples ciudadanos.
–La diferencia esencial entre las dos épocas es ésta: antes de la Revolución, el gobierno no podía defender a sus agentes más que recurriendo a medidas ilegales, mientras que después ha podido legalmente dejarlos violar las leyes.
Hasta que llegó Rivera.
