Hughes
Abc
Jordi Cuixart ya pisa la calle e inmediatamente detrás irán saliendo todos los presos del «procés».
En octubre de 2017 la gente sólo gritaba dos cosas: «España» y «Puigdemont a prisión». Pues no está en prisión Puigdemont y los demás se están despidiendo. Dos artículos lo han hecho posible: el 36.2 y el 100.2, bolas calientes para el gran bingo del Estado de Derecho.
En Cataluña no se cumple la Constitución, pero sí se cumple el Reglamento Penitenciario, y en su 100.2 permite el principio de flexibilidad en la ejecución de las sentencias. La propuesta sale del centro penitenciario, que debemos creer muy independiente de las autoridades catalanas, aunque la consejera de Justicia, Ester Capella, ponga a prueba nuestra credulidad al anunciar que todos los políticos presos se beneficiarán de este artículo. Del resto de presos comunes no ha dicho nada, porque la flexibilidad no alcanza para tanto.
Estamos ante un ejemplo práctico de lo que hacen y harán las élites locales con ciertas cesiones competenciales, y también del aprovechamiento de las ventanas de discrecionalidad abiertas aquí y allá en el ordenamiento.
El otro artículo que explica la situación es el 36.2 del Código Penal, precepto que la Fiscalía solicitó fuera de aplicación para evitar que los presos disfrutaran de permisos antes de haber cumplido la mitad de la sentencia.
La Fiscalía lo solicitaba por la especial gravedad del «movimiento insurreccional» y por la sospecha de que las autoridades catalanas dispensarían un trato «flexible» a los presos del «procés». Pero Marchena, el aplaudido y heroico Marchena, ni consideró una cosa ni consideró la otra (el golpe catalán fue apenas una ensoñación) abriendo la puerta así al actual régimen de semilibertad, que por supuesto no evitará que los independentistas sigan explotando políticamente su victimismo.
La no aplicación del 36.2, la aplicación del 100.2, esa sentencia y aquellas cesiones han hecho innecesario que el Gobierno indulte a nadie, ya salen semi-indultados del sistema y puede dedicarse así, sin mayor sonrojo, a explorar la vía extralegal de la que habló Sánchez para superar el «conflicto».
Vivimos en la normalización e incluso en la institucionalización del escándalo y Sánchez puede ser Sánchez porque existe todo lo anterior.
