Calle de Alcalá
Madrid
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José Ramón Márquez
La Telefónica, que ahora me parece que se llama Movistar, es una gran compañía. Si será grande que incluso soportó mi presencia como empleado sin que la acción se resintiese. Ahí quedan aún algunos amigos que siguen defendiendo la posición como pueden y, como dicen los de los master, ‘aportando valor’.
La Compañía ya no tiene nada que ver con aquella especie de Ministerio que era hace treinta años, abandonado el señorío de la sede de Gran Vía, con los directivos y la masa del personal en ese espanto en medio de ningún sitio, ese kilómetro lineal de sinergias llamado el Distrito C. Allí se ha incorporado hace unos días un brillante joven, un eminente letrado, un abogado del Estado en cuya cabeza bullen las leyes, los decretos, el ordenamiento jurídico tanto como la ordenación del propio Estado y sus protocolos, un hombre que maneja con soltura el Código Civil y que, a buen seguro, es uno de los pocos españoles que podrían darnos a bote pronto una suculenta conferencia sobre la famosa ‘Subdelegación de mostrencos, vacantes y abintestados’ de la época de Fernando VII.
El hecho de que Iván Rosa, que así se llama el jurisconsulto, sea el esposo de la vicepresidenta del gobierno de España, no empequeñece en nada la eminente talla jurídica de este hombre, de este doctor que no llega a la Telefónica por ser esposo del César, sino por su acreditada valía personal, por la suficiencia de sus conocimientos, por el mérito de su estudio y por tratar de arrimar unos eurillos más a la economía doméstica, que no están los tiempos como para tirar cohetes.
Los que han querido ver torticeramente alguna espuria intención en el fichaje del joven Rosa por parte de Alierta, que no se llama César sino Cesáreo, como es harto sabido, no se daban cuenta de la magistral jugada que planteaba el aragonés fichando para el gabinete jurídico de la Compañía a un hombre de tan acendradas virtudes profesionales, creando en la estructura de la Compañía una nueva unidad jurídica para coordinar y planificar la vertiente jurídica de los nuevos negocios internacionales de la empresa, con el firme convencimiento de que el primer reto al que se tendría que enfrentar el joven letrado sería a la elaboración de los recursos pertinentes contra la sentencia del Tribunal General de la UE que condena a la Telefónica a una multa de 152 millones de € por ‘frenar la competencia en el mercado de banda ancha’.
Obcecados muchos por la casualidad del parentesco del joven Iván Rosa con la vicepresidenta del Gobierno, nadie repara en el millonario ahorro que supondría para la Compañía la revocación de la sentencia, que se produciría a partir de los informes y alegaciones que se presenten, inspirados por la eminencia del famoso jurisconsulto. Nadie querrá ver, entonces, que muy lejos de ser un chanchullo para granjearse la simpatía de los poderosos -y el Boe es arma harto poderosa para una empresa de Telecomunicaciones-, la clara intención era tan sólo la de contar con personas óptimas para la defensa de los intereses de la Compañía en las más solventes condiciones.
Y si, acaso por la proverbial inquina que nos tienen en el extranjero, no se ganase el recurso, que nadie pueda decir que al menos no se intentó.
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PD.-Agravio comparativo: Bruselas sanciona a Francia y Alemania
con 12 millones de euros.
A Telefónica (España) con 151 millones.
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