Hughes
Abc
La revuelta de Cataluña puede suponer la entrada en el mundo jurídico de algo que no existía, que no existe: el derecho a decidir. Las reivindicaciones del “procés” han insistido en dicho “derecho”. Es un concepto que está en el lenguaje político y periodístico, pero que no sabemos definir. No viene recogido en ley alguna, pero sí hay un trabajo teórico sobre el mismo y se ha realizado, dónde si no, en Cataluña.
El “derecho a decidir” es una creación teórica española, surge en el País Vasco en los tiempos del Plan Ibarretxe, y uno de los expertos que la ha desarrollado posteriormente es Jaume López Hernández, un profesor de Políticas de la UPF con filiación independentista que ha dedicado parte de su trabajo teórico al concepto.
Los movimientos de secesión se han basado tradicionalmente en el derecho de autodeterminación, reconocido internacionalmente para las colonias. Su utilización como instrumento en Cataluña tenía dos problemas: no presentaba los requisitos necesarios y además sufría una pérdida de identificación en las reivindicaciones soberanistas. Los ciudadanos ya no concebían los problemas en términos de conflicto nacional.
Es entonces cuando se da el salto al derecho de decidir como herramienta, no alternativa, sino paralela. Usarán indistintamente las dos. La nueva terminología es pensada como algo más que un eufemismo. El mismo López lo define como neologismo y admite que no está recogido en ningún sitio: “Debemos llenarlo de contenido a partir de distintas fuentes”.
¿Y cuáles son esas fuentes de derecho para López? Un principio democrático entendido de forma radical, y, fundamentalmente, el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Merece la pena pararse en la descripción que el autor hace de los fundamentos de este derecho a decidir. Es un principio democrático “sin restricciones”. Esto es: “Se pide que no haya restricciones sobre las cuales decidir”. Todo es decidible, mientras sea posible.
Decidir sobre todo. ¿Pero quiénes?
Es el asunto fundamental. Es lo que él llama “definir el demos, la comunidad de decisión”. Y ya no es ni el pueblo o la nación, sino los ciudadanos. Lo interesante de esto es que aparca las definiciones y conceptos anteriores y se centra en buscar una base de tipo objetivo, real: el Parlamento catalán, el Parlament. El sujeto de decisión ya no se busca en derechos históricos, sino en algo existente, en una comunidad objetiva que tenga un gobierno elegido democráticamente. “Una situación de facto y presente”.
Es un resultado (y esto es una humildísima opinión personal) de haber degradado el concepto de nación hasta la “Santisima Trinidad” de Iceta.
Por todo eso es seductor el derecho a decidir. En un contexto en el que se dice por unos y otros (incluso por constitucionalistas) que la nación no existe, el concepto atrae recurriendo a lo que cualquiera ve y es indudable: una comunidad que celebra elecciones autonómicas regularmente. Un parlamento autonómico que el ciudadano ve como suyo y en el que participa. Escogido ese “demos”, se estira dentro de él el principio de democracia hacia una democracia radical. Se le hace capaz de decidir sobre todo.
Una vez en circulación el concepto (actualmente está en boca de todo el panorama político y periodístico, y, sobre todo, en boca de la gente), esto permite incorporar en la agenda política cualquier demanda. Es la figura perfecta para saciar las incansables demandas “democráticas”.
Para la estrategia independentista, esto desdobla el camino, lo bifurca. Por un lado pueden esgrimir el Derecho de Autodeterminación, vinculado al independentismo; por el otro este Derecho a Decidir, asociado al soberanismo, es decir, a la posibilidad de decir sí o no. Esto permite obviar asuntos como los derechos históricos. Derecho de autodeterminación y derecho a decidir no son lo mismo, pero se retroalimentan. El segundo atrae a más gente porque da poder sin las consecuencias de la decisión. Es una forma inteligente de ganar adhesiones.
Aquí vemos otra de las singularidades que este concepto tiene para el catalanismo indepentista. Sin un carácter histórico equiparable a Navarra y el País Vasco, y sin poder tocar a la puerta del derecho de autodeterminación ante el derecho internacional, ¿qué le queda? Inventa esta herramienta que de repente le sirve para conectar con demandas de radicalidad democrática y regeneración. Conecta muy fácilmente con la izquierda, el populismo o la juventud. CONECTA CON LAS ASPIRACIONES DEMOCRÁTICAS. La Independencia puede alcanzarse buscando, gritando y pidiendo democracia. La independencia se pone encima los ropajes, la piel de la democracia.
En este salto del derecho de autodeterminación al derecho a decidir, del viejo independentismo al multitudinario de la última década, hay un elemento fundamental: el Dictamen sobre Kosovo del Tribunal de La Haya. Aquí cambia todo. Abre la puerta de la jaula, en expresión de un autor. Esto es muy importante porque la interpretación que hizo el nacionalismo catalán definió su estrategia reciente. Lo que viene a decir el dictamen es que un territorio con aspiraciones que haya agotado todas las vías de entendimiento no encuentra obstáculos legales internacionales para una Declaración Unilateral de Independencia si es proclamada por actores legítimos y democráticos y sin violencia.
Cuando la ONU se pronunció contra declaraciones anteriores no fue por violar normas internacionales, sino por el recurso a la violencia. Se entiende mucho mejor así la insistencia de cada discurso nacionalista en lo democrático y en la no violencia. Son requisitos indispensables. Kosovo pone la clave en la ausencia de violencia.
Esta interpretación del dictamen sobre Kosovo se conecta con el derecho a decidir: al no estipular que sea pueblo o nación el que decide, vale cualquier comunidad que sea democrática. López señala que “la voluntad de esa comunidad se sitúa sobre la legalidad constitucional”, dado que el dictamen de La Haya contempla tal cosa. A partir de Kosovo (2008), la estrategia catalanista cambia y este nuevo concepto del derecho a decidir es fundamental porque ya no se trata de un conflicto entre derechos históricos o comunidades sino de un conflicto entre una comunidad y una legalidad constitucional.
El problema sigue siendo el mismo: ¿qué comunidad decide?
Aquí viene también el trabajo teórico. Diseñan un traje a medida para algo con forma de Comunidad autónoma: ha de decidir una comunidad con representantes democráticos en el gobierno (principio democrátco), ¿pero por qué no un ayuntamiento? Porque el requisito es casar ese principio democrático con el principio de subsidiariedad,es decir, la unidad mínima capaz de tener “estructuras de estado”. Es un concepto hecho a medida de la comunidad autónoma, lo que no deja de tener su ironía. El derecho a decidir quiere ser una mutación jurídica del Estado de las Autonomías en el siglo XXI. El País vasco se lo pasa a Cataluña.
Por otro lado, si este derecho a decidir, que no es derecho aún, que solo funciona para ellos como una especie de principio jurídico, si este derecho está funcionando en España es porque es muy moderno, contemporáneo, conecta con las aspiraciones de regeneración democrática, con un tipo de radicalidad, y funciona como un “derecho individual de ejercicio colectivo”. El poder de atracción para la izquierda populista es grande. Jaume López consideró en una entrevista que su derecho genera situaciones como la del matrimonio gay: no estaba reconocido en ninguna ley, pero era conseguible por el desarrollo de principios jurídicos sí existentes. Estimula los deseos del ciudadano.
Es, por tanto, un derecho de nueva creación trasplantado a lo territorial a partir de la DUI de Kosovo.
Es importante Kosovo, porque en la posición de Rusia en relación con Cataluña también se ha querido ver una jugada de respuesta por aquel proceso. La independencia catalana podría ser la primera de una nueva generación (la cuarta) de secesiones, y él éxito político podría llevar a este derecho a encontrar plasmación en un cuerpo jurídico.
Para Jaume López, Cataluña puede ser “campeona del derecho a decidir”. Tras la puerta abierta por el Dictamen sobre Kosovo, puede ser el primero de los Estados de nueva creación. Su desarrollo político ya no estaría basado en los antiguos conceptos, sino en esta novedad. Las Comunidades Autónomas españolas habrían sido capaces de crearse su propio concepto jurídico. De dar a su realidad jurídica (competencias y Comunidad) una nueva herramienta de “liberación” basado conectando con nuevas apetencias populares. El resultado serían pequeños Estados, “estatalidades”. ¿Y cómo casa esto con la globalización? ¿Camina hacia eso Europa en la crisis del Estado-Nación? Los ciudadanos quedarían sometidos a poderes locales fuertes, oligarquías con escasa renovación, y más desprotegidos ante las grandes corrientes globales.
Pero lo delicioso del asunto está por llegar. Este concepto es un hijo pseudojurídico de los think tank de la Generalitat. Cuando se le ha entrevistado, López ha señalado el origen popular del concepto, como si saliera espontáneamente de los ciudadanos. Menciona la Plataforma Pel Dret a Decidir (Plataforma para el Derecho a Decidir), creada en 2005. Es y no es así. Por una noticia de Alejandro Tercero en Crónica Global sabemos que el propio López fue socio fundador y expresidente, así que perfila el concepto y a la vez es impulsor popular del mismo. En las dos cosas participó además el dinero público catalán, pues la entidad fue indirectamente subvencionada, según la información citada, por la Generalitat.
De las “nacionalidades” de Suárez a las posibles “estatalidades” en 40 años. Pero esto podría saltar al resto del continente. Europa sabrá. Cataluña sigue el camino jurídico de Kosovo con un principio jurídico cocinado en su laboratorio. Un concepto que la izquierda ha asumido sin saber quizás de qué probeta sale.
