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viernes, 29 de diciembre de 2017

Pasteles

Juez Gorsuch

Ignacio Ruiz Quintano
Abc

    Juristas propiamente dicho sólo quedan en América, la tierra donde el juez Marshall, con su decisión sobre el caso Marbury contra Madison, resolvió que la Nación legisla y el Estado ejecuta.
    
En América se debate hoy si el ciudadano Jack Phillips, propietario cristiano de Masterpiece Cakeshop en Colorado, incurrió en discriminación al negarse a hacer una torta para una boda gay, como sostiene la Comisión de Derechos Civiles de aquel Estado. La controversia ante la Corte Suprema es si el pastel constituye expresión creativa y, por lo tanto, tiene derecho a recibir protección bajo la Primera Enmienda.

    –La verdad es que todavía estoy esperando a probar un pastel de boda que pueda decir que sabe genial –fue el comentario con que distendió la discusión Neil Gorsuch, el juez propuesto por Trump para llenar el vacío originalista dejado por el hamiltoniano Antonin Scalia en defensa de la Constitución, o derecho de uno contra todos (a diferencia de la ley, o derecho de todos contra uno).

    El debate del pastel de boda es jurídicamente tan fascinante como el que en Inglaterra se traían entre manos Huxley y Gladstone a propósito de los cerdos gerasenos arrojados al mar por Jesucristo. ¿Eran propiedad de un judío o de un gentil? Si de un gentil, su aniquilación constituyó una injerencia injustificable en la propiedad privada.

    El mismo Gladstone afirma que ningún extranjero, por mucho que estudie las leyes inglesas, es capaz de comprender la constitución inglesa.

    –De igual modo –decían nuestros criminólogos decimonónicos– podemos decir los españoles que ningún extranjero, aunque estudie detenidamente las leyes españolas, es capaz de comprender nuestra constitución política.
   
 Ningún extranjero… ni ningún español que se tome en serio un retorcimiento totalitario del derecho como ese “Pacto de Estado” (?) contra la violencia machista como sacado de “La facultad de las cosas inútiles” de Dombrovski. Porque en España no legisla la Nación, sino el Estado.