Ignacio Ruiz Quintano
Abc
En España, con la cultura democrática por estrenar, los propagandistas
del rojerío, todavía más cortos que los de la fachenda, tratan de
colocarnos la votación del Tribunal Constitucional sobre el decreto de
alarma como si fuera el enfrentamiento, en 1937, de la Corte Suprema a Roosevelt (y a la opinión pública) en defensa del sistema constitucional. ¡Qué más quisiéramos!
Aquí los gobernantes arrestan ilegalmente a los gobernados, y no pasa nada, pues carecen de responsabilidad.
De “responsabilidad” (la que presupone que lo arbitrario está excluido
del gobierno, sometido a una instancia diferente ante la que responder)
habla en 1787 Alexander Hamilton, partidario de que cualquier
tribunal de justicia declare nulos todos los “actos contrarios al
sentido evidente de la Constitución”, pero Hamilton no piensa en Conde-Pumpido,
a quien Hamilton le suena a corredor de autos y que ha votado a favor
del gobierno en lo del decreto de alarma porque “la sentencia crea un
grave problema político”. ¿Qué problema? ¿A quién?
La responsabilidad política viene incluida de serie con la democracia y
está vinculada al principio de representación. Pero en el Estado de
Partidos, que es lo nuestro, prevalece el principio de identidad sobre
el de representación, y el sistema proporcional hace de la
responsabilidad política una tautología, cosa que ya sabíamos por quien
lo advirtió en su día: “El consenso permite eludir la imputación de
responsabilidades personales. Nadie responde en un consenso”.
El club memo-liberalio elude la evidencia con el mito de la representación nacional (el diputado-representante, no del elector, sino de toda la nación), disparate que incluso a Jouvenel se le hace “principio de todas las tiranías, sean cesaristas o jacobinas”. El gobierno, en fin, puede hacer pajaritas con la Constitución. Dicho por Madison: “La mera inscripción de los límites del poder en pergaminos no garantiza contra la concentración tiránica de todos los poderes en las mismas manos”.
[Julio, 2021]
