Casa con amplia y cómoda gatera
Francisco Javier Gómez Izquierdo
Después de escuchar decir al ministro de España que la ley obliga al Gobierno a conceder el tercer grado al preso Bolinaga, y que de no hacerlo, dicho Gobierno incurriría en prevaricación, somos legión los que no podemos callar, por más que se nos trate de orates ortodoxos.
La señora de apellido Valenciano dice estar con el ministro, como le gustaría que el ministro hubiera estado con su partido en sucesos parecidos e imagino que se refiere al tercer grado o libertad condicional que alcanzó De Juana Chaos comprometiendo a ministro de distinto signo político que el presente.
La pregunta al ministro de Bolinaga es la misma que al ministro de De Juana : ¿En que artículo y de qué código pone que el Gobierno concede terceros grados? Se lo contesto a los dos ministros: en ninguno. Ni en el Código Penal, ni en la Ley Orgánica General Penitenciaria, ni en el Reglamento de dicha ley. La creencia de que el Gobierno tiene potestad en semejante materia la han ido asentado ellos en las cabezas de todos los españoles, hasta convertirla en dogma de fe incontrovertible.
Hemos repetido aquí hasta que la lección quede aprendida que el tercer grado es propuesto por el Equipo de Tratamiento de la cárcel en la que cumple pena el interno. Psicólogos, juristas criminólogos, subdirectores del centro, médicos y educadores deciden por votación en una junta ordinaria del Equipo lo que estimen oportuno. Si se propone el tercer grado por dicha Junta, el acuerdo se envía a Madrid a la Central de Instituciones Penitenciarias. Si el Centro Directivo confirma la decisión de la Junta, dicha propuesta de tercer grado llega al Juez de Vigilancia, que decidirá como mejor proceda, atendiendo a los informes que en caso de duda estime pertinentes y por supuesto a la valoración de la Fiscalía.
Así es el procedimiento legal, se pongan los ministros y la señora Valenciano como se quieran poner, y como no puede ser de otro modo, si se quiere pertenecer a un Estado de Derecho.
Ahora bien, todo este papeleo se puede agilizar a conveniencia, si el Gobierno busca soluciones políticas. El ministro Rubalcaba tuvo que llevar a De Juana a una prisión en la que la Junta de Tratamiento garantizara sus pretensiones, pues en la que cumplía condena -no recuerdo si Ceuta o Huelva- los miembros de esos equipos no consideraban al etarra merecedor del beneficio penitenciario. Se lo trajo a Madrid y los juristas y los psicólogos -los directores y subdirectores ya se daba por supuesto- coincidieron con la opinión de “su” ministro.
El actual ministro ha subido a Bolinaga a Zaballa, donde la Junta de Tratamiento que no conoce de nada al preso, le ha concedido el tercer grado. El actual ministro es más torpe de lengua que el ministro Rubalcaba, pues éste nunca se atrevió a decir que su Gobierno concedía el tercer grado a De Juana, buscando la gatera de los “técnicos” de Soto del Real. Al menos, el ministro Rubalcaba procuró guardar las formas.
Señor ministro: no hay Gobierno democrático europeo que pueda dictar una resolución judicial.
La señora de apellido Valenciano dice estar con el ministro, como le gustaría que el ministro hubiera estado con su partido en sucesos parecidos e imagino que se refiere al tercer grado o libertad condicional que alcanzó De Juana Chaos comprometiendo a ministro de distinto signo político que el presente.
La pregunta al ministro de Bolinaga es la misma que al ministro de De Juana : ¿En que artículo y de qué código pone que el Gobierno concede terceros grados? Se lo contesto a los dos ministros: en ninguno. Ni en el Código Penal, ni en la Ley Orgánica General Penitenciaria, ni en el Reglamento de dicha ley. La creencia de que el Gobierno tiene potestad en semejante materia la han ido asentado ellos en las cabezas de todos los españoles, hasta convertirla en dogma de fe incontrovertible.
Hemos repetido aquí hasta que la lección quede aprendida que el tercer grado es propuesto por el Equipo de Tratamiento de la cárcel en la que cumple pena el interno. Psicólogos, juristas criminólogos, subdirectores del centro, médicos y educadores deciden por votación en una junta ordinaria del Equipo lo que estimen oportuno. Si se propone el tercer grado por dicha Junta, el acuerdo se envía a Madrid a la Central de Instituciones Penitenciarias. Si el Centro Directivo confirma la decisión de la Junta, dicha propuesta de tercer grado llega al Juez de Vigilancia, que decidirá como mejor proceda, atendiendo a los informes que en caso de duda estime pertinentes y por supuesto a la valoración de la Fiscalía.
Así es el procedimiento legal, se pongan los ministros y la señora Valenciano como se quieran poner, y como no puede ser de otro modo, si se quiere pertenecer a un Estado de Derecho.
Ahora bien, todo este papeleo se puede agilizar a conveniencia, si el Gobierno busca soluciones políticas. El ministro Rubalcaba tuvo que llevar a De Juana a una prisión en la que la Junta de Tratamiento garantizara sus pretensiones, pues en la que cumplía condena -no recuerdo si Ceuta o Huelva- los miembros de esos equipos no consideraban al etarra merecedor del beneficio penitenciario. Se lo trajo a Madrid y los juristas y los psicólogos -los directores y subdirectores ya se daba por supuesto- coincidieron con la opinión de “su” ministro.
El actual ministro ha subido a Bolinaga a Zaballa, donde la Junta de Tratamiento que no conoce de nada al preso, le ha concedido el tercer grado. El actual ministro es más torpe de lengua que el ministro Rubalcaba, pues éste nunca se atrevió a decir que su Gobierno concedía el tercer grado a De Juana, buscando la gatera de los “técnicos” de Soto del Real. Al menos, el ministro Rubalcaba procuró guardar las formas.
Señor ministro: no hay Gobierno democrático europeo que pueda dictar una resolución judicial.
Como ya contamos aquí, otro tema son los indultos.
