Ignacio Ruiz Quintano
Abc
Un gobierno que nadie ha votado anuncia su intención de recortar el “derecho de asociación” para ilegalizar la Fundación Franco. ¡Menuda trampa saducea para los liberalios! Por un lado, ellos no pueden, bajo ningún concepto, parecer franquistas. Mas, por el otro, estamos hablando de recortar “un derecho que con tanto trabajo nos dimos todos” (?).
Mi generación, que entretuvo su adolescencia política con la alfalfa de “Hermano Lobo”, recuerda el asociacionismo como un tabarrón del tardofranquismo, que en el 65 ya había puesto en el mercado la videoconsola del “consenso”, ésa con la que los niños de la partidocracia siguen jugando.
Desde luego, ni en la Declaración de los Derechos del 89 ni en la Constitución del 91 reconocieron los revolucionarios franceses la libertad de asociación.
–Siendo una de las bases fundamentales de la Constitución francesa el aniquilamiento de toda clase de corporaciones…, queda prohibido restablecerlas de hecho, bajo cualquier pretexto y cualquier forma que sea –declara en su artículo primero la ley Le Chapelier, que es la que manejan los jurisperitos del gobierno que no ha votado nadie (Calvo, Marlasca, Robles y “asín”) para sus postureos antifranquistas.
Todos sabemos que con tanto Montesquieu, Hamilton y Rousseau (algo así como nuestros Calvo, Marlasca y Robles), los revolucionarios franceses tenían la cabeza como un bombo, y por eso razonaban que toda asociación, cualquiera que fuera su objeto, contradecía por una parte el principio de la libertad individual, tótem de los liberalios, y por la otra, el principio de la soberanía nacional, tótem de los… patriotas, como diría el chisgarabís de Macron, en cuya patria, por cierto, no hubo libertad de asociación hasta 1884.
El sanchismo, pues, recorta el derecho de asociación en aras de la soberanía nacional. Pero ocurre que soberano, según descubrió Schmitt, es el que decide el estado de excepción. Y ése, ni en Cataluña ni en Gibraltar, es Sánchez. Las cosas del 78.
