Rivela
Martín-Miguel Rubio Esteban
Un buen amigo y magnífico ciudadano, en vez de contratar al hombre del frac para recuperar el dinero que le debía el diario suevo de La Región, hizo una especie de obrita de teatro, de crónica esticomítica, en donde narraba cronológicamente los hechos que explicaban que el mencionado diario le debiera 3.000 euros desde hacía ya años. El diálogo, remedando los versos “antilabé” de la comedia antigua, interpretado por una pareja de periodistas o comunicadores de la televisión local, dejaba claro el comportamiento rácano y desaprensivo de La Región, incumplidora de lo en su día pactado en relación con una visita a las Aquae Urentes del genial dramaturgo Fernando Arrabal, organizada por un Foro pilotado por el propio Diario.
El staff del diario orensano en vez de disculparse sonrojado ante la deuda contraída contra un ciudadano pacífico, lo injurió venenosamente, primero en sus páginas, y luego lo denunció por la pequeña fabula togata con la que el pacífico acreedor defendía sus intereses ante la desfachatez de un periódico tan generosamente subvencionado con dinero público. Pues bien, la denuncia eleutheróktona se ha vuelto hoy contra el diario, lo mismo que hace un año, al dictaminar el Tribunal Supremo en el recurso de casación que no hay nada en el ciudadano bonancible que pueda ser calificado de delito o falta contra el honor de la empresa periodística, toda vez que la libertad de expresión garantiza la exhibición por las redes de su pequeña sátira, en absoluto virulenta, contra tan desaprensivo diario suevo. “No se ha producido una intromisión ilegítima en su derecho al honor”, reza la Sentencia del Supremo.
Sorprende que un medio de comunicación, cuyo fundamento debe radicar en la libertad de expresión para decir la verdad, para hacer a la verdad más ostensible, sangre y nutrientes de todo comunicador, impida la libertad de expresión de un ciudadano honrado que se defiende solo ante un mal comportamiento “empresarial”. Un medio de comunicación que para ocultar sus pecados pretende destruir la libertad de expresión de los ciudadanos está muy mal acostumbrado por el contexto político benefactor y no debería recibir ninguna subvención pública de ningún entramado político, llámese Ayuntamiento, Diputación o Xunta. Un periódico adoctrinado en artes falacísimas que no sólo lincha a un ciudadano en sus propias páginas por atreverse a ser libre y defender su patrimonio, sino que encima lo denuncia ante la Justicia, amedrentándole para que no ejerza la libertad de expresión ni sus derechos civiles, no es un periódico, una oropéndola de papel, sino un arma contra la libertad, que si recibe alguna ayuda pública, ese dinero público se corrompe en seguida. Porque La Región no se limitó ni se conformó con echar a los perros a un ciudadano publicando contra dicho ciudadano una acerba invectiva que chorreaba odio –extremo que bastaría hasta para el alma más cruel y despiadada–, sino que pretendía también arruinarlo económicamente.
Aplaudimos que el inocente Sr. Rivela se haya mantenido firme en defensa de su libertad de expresión todos estos años ante un oponente tan poderoso, pues el miedo, tal como decía César atonta y debilita la voluntad. “Terror hominibus mentem consiliumque eripit, et membra debilitat”. Pero el miedo no ha hebetado al aguerrido Rivela. El ataque de todo un medio provincial contra un solo ciudadanos inerme, sin la capacidad de respuesta pública que tiene el medio linchador, es toda una obscenidad incívica. El derecho al honor de una institución, esto es, una persona jurídica, que no es tangible ni el médico le puede tomar la fiebre, no está por encima del derecho a decir la verdad del modo más ostensible, por dolorosa que sea para el que no debidamente se comportó con el prójimo. Y la sátira esticomítica del amigo Rivela no pasa de pellizcos de monja.
Con el Estado Liberal se consiguió abolir la censura previa, que tan razonadamente denunció Milton en su Areopagítica, y con el Estado Social y de Derecho no debería volver a aparecer pujante en forma de miedo cerval en la cabeza del opinador que siente terror de escribir algo, que aunque tocado de sentido común y coherencia, pueda contrariar en una tilde los intereses de las empresas de comunicación que sean meras correas de transmisión de personas con largos períodos de poder político o económico, y a los que sienten esas empresas que tan mal sirven a una información imparcial y justa como los hercúleos primos de Zumosol.
La libertad de opinión en el viejo Estado liberal se enmarcaba en un contexto de resistencia individual y de afirmación de la dignidad personal dentro de un mercado libre de ideas que ofrecían los demás opinadores. Tan consustancial con el Estado Liberal es la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, que en la Primera Enmienda de la Constitución Americana –que, junto a las siguientes nueve, forma el Bill of Rights de 15 de Diciembre de 1791– queda expresamente prohibido promulgar cualquier ley que límite unos derechos que son el fundamento precisamente y la fuente de donde mana la primera democracia moderna.
La libertad de opinión en el viejo Estado liberal se enmarcaba en un contexto de resistencia individual y de afirmación de la dignidad personal dentro de un mercado libre de ideas que ofrecían los demás opinadores. Tan consustancial con el Estado Liberal es la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, que en la Primera Enmienda de la Constitución Americana –que, junto a las siguientes nueve, forma el Bill of Rights de 15 de Diciembre de 1791– queda expresamente prohibido promulgar cualquier ley que límite unos derechos que son el fundamento precisamente y la fuente de donde mana la primera democracia moderna.
