El informe pericial reclamado por la propia UPyD de Rosa Díez, dice exactamente eso: nada hay de ilegal en la emisión aunque sí puede haberlo en los directores de sucursal y otros empleados que vendieron un producto de capital, con riesgos, como si fuera un depósito remunerado a plazo fijo. Conclusión, son los bancarios, no los banqueros, quienes han podido actuar dolosamente y a quienes hay que pedir responsabilidades.