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General Primo de Rivera
Cristina Losada
Libertad Digital
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, se puso a escribir un auto y acabó metiéndose a politólogo de lance y sociólogo de pacotilla. Ello a fin de sostener que unos manifestantes disponían de toda justificación imaginable para rodear la sede del Congreso y de paso, peccata minuta, agredir a los policías desplegados para protegerlo. No le bastaban, ay, los argumentos jurídicos y hubo de alegar que tales acciones – "expresión de opiniones subjetivas" las llama– son perfectamente normales "ante la convenida decadencia de la denominada clase política". Así, de acuerdo a la doctrina Pedraz, cuando la denominada se encuentre en horas bajas es muy lícito que se pretenda echar abajo el "régimen vigente", disolver las Cortes y abolir la Constitución por el procedimiento de ocupar o rodear por tiempo indefinido el Congreso de los Diputados.
Esto de la decadencia, y además "convenida" –¿por quienes?–, me ha suscitado el recuerdo de la "tupida red de la política de concupiscencia". De ese modo expresaba el general Primo de Rivera el descontento con la denominada. Lo hizo en el manifiesto con el que anunció, en septiembre de 1923, su golpe. Claro que ya no se escribe como entonces, ni de lejos. Pero el sentido permanece. No en vano Primo se propuso liberar a la patria de "los profesionales de la política", artífices, según decía, del "cuadro de desdichas e inmoralidades" que afligía a España. Para ello acabó con las Cortes y con los partidos políticos: "La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionamos con este apartamiento total a que los condenamos". El resto y sus terribles consecuencias son Historia, pero el discurso antipolítico reaparece, cada tanto, enfundado en nuevos trajes. Ahora también en una toga.
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